El exministro de Planificación le mandó una carta al presidente de la Cámara Baja en la que denuncia una "persecución feroz y agravante" en su contra. Entre los motivos del pedido, mencionó las causas "por las que se requiere hoy mi desafuero y detención".
Lo ordenó el juez Claudio Bonadio en la causa que investiga compras millonarias de gas natural licuado. También dispuso la inmediata detención de Roberto Baratta, quien ya fue detenido. Se suma así a lo ordenado por la Cámara Federal en el expediente de Río Turbio. Diputados comenzará a debatir el martes el desafuero del exministro de Planificación.
El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificació fue arrestado y procesado por supuestas irregularidades en la compra de gas licuado.
“Va a haber número”, estimó el jefe del bloque, Nicolás Massot, de cara a la sesión del próximo miércoles. Aclaró que muchos bloques que rechazaron la expulsión ahora harán caso a la orden judicial.
El diputado nacional presentó un escrito para apelar el fallo de Cámara Federal “con efecto suspensivo”, pero desde el oficialismo mantienen firme la intención de votar el desafuero el miércoles en el Congreso.
El diputado nacional calificó el fallo de la Cámara Federal como “vergonzoso” y reivindicó su gestión. “Esto es un nuevo paso de comedia que quieren montar, como cuando me quisieron expulsar”, denunció el exministro de Planificación, cuestionado por su actuación, entre otras, en la mina Río Turbio.
Es por la causa Río Turbio. En su fallo, un camarista sostuvo: "Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación".
El diputado y exministro de Planificación dijo que se reservaba el derecho “para hacerlo más adelante”. Los jueces no hicieron lugar al pedido de nulidad de las acusaciones en su contra y rechazaron la absolución.
El exministro de Planificación y actual diputado está siendo juzgado por el accidente ferroviario conocido como La Tragedia de Once. Está acusado por estrago culposo agravado y administración fraudulenta.
El fiscal Germán Moldes remarcó que al exministro y actual diputado, al igual que a los demás acusados, debe imponérsele una caución dineraria además de una juratoria en caso de concedérseles la exención de prisión.
Es el primero al que se expondrá el exministro de Planificación Federal y actual diputado nacional. Está acusado de delitos que pueden ser castigados hasta con 11 años de prisión.
Los abogados también se desvincularon del patrocinio en todas las causas en las que representaban al exministro. El tribunal que lo juzgará intimará a De Vido a nombrar nuevos letrados en 72 horas. Si no lo hace, le dispondrán un defensor oficial.
La Cámara ratificó la medida del juez Ercolini, quien había procesado a la expresidenta, a De Vido y a José López por asociación ilícita y defraudación al Estado. La medida también alcanza al empresario Lázaro Báez.
La Justicia citó al ex ministro de Planificación Federal en una causa por supuesta malversación de fondos destinados a la modernización de la mina.
El exministro de Planificación y actual diputado nacional, Julio de Vido, afirmó que el juicio oral en su contra por la tragedia del tren de Once –que comenzará el 27 de septiembre próximo– es "un acto más de persecución del Gobierno" del presidente Mauricio Macri.
La causa abierta en 2014 se originó luego que Roberto Dromi dijera en una entrevista periodística haber sido asesor de De Vido en una compra de GNL a Rusia y cuestionara la operación.
Claudio Minnicelli, cuñado del exministro de Planificación Federal, declaró ante la Justicia. Negó las escuchas telefónicas en su contra. Había estado nueve meses prófugo.
Claudio "Mono" Minnicelli fue detenido el domingo tras estar nueve meses prófugo. Lo acusan de integrar la "mafia de los contenedores", una banda de exfuncionarios y aduaneros que liberaban contenedores con mercadería de contrabando.
Gracias a la recompensa ofrecida para hallarlo, detuvieron a Claudio "El Mono" Minnicelli, hermano de la esposa del exministro de Planificación, Julio De Vido, acusado de ser parte de una mafia aduanera.
Lo solicitó el fiscal federal Federico Delgado en la causa de los gasoductos. También a otras 14 personas, entre exfuncionarios y empresarios.